martes, 17 de junio de 2008

"Justicia juvenil: un sistema en crisis"


Hoy es Francisca Werth, Directora de Proyectos de Fundación Paz Ciudadana, y quien fuera miembro de la Comisión de Expertos en Responsabilidad Penal Adolescente convocada en junio del 2006 por el Ministro de Justicia Isidro Solís, quien entra fuertemente al debate sobre el balance del primer año de la ley N° 20.084, en una columna de El Mercurio.
Me parece que capta muy acertadamente la complejidad del nuevo sistema compuesto por dos subsistemas, con actores y lógicas de actación diferentes: un sistema de justicia, donde la especialización sigue siendo la principal debilidad, y un sistema de ejecución, donde la debilidad central está en los sistemas privativos de libertad.

"Hace poco más de un año, la Comisión de Expertos en Responsabilidad Penal Adolescente señaló en su segundo informe al Congreso Nacional que no existían las condiciones mínimas necesarias para que la nueva justicia juvenil comenzara a funcionar en la fecha prevista, el 8 de junio de 2007. Sin embargo, se decidió darle el vamos a la ley, argumentando que el propio ministro de Justicia afirmaba que las condiciones podrían no ser las mínimas, pero sí las básicas y necesarias para asegurar un mejoramiento progresivo y sostenido de este sistema.

Tras 12 meses, el Ministerio de Justicia y el Sename publicaron el primer balance de funcionamiento de la ley. Con una presentación cargada de cifras y errores, intentaron explicar cuántos jóvenes habían sido detenidos en este tiempo, cuántos formalizados, condenados, derivados, etcétera. Una revisión general de esta información podría llevar a un lector lego a creer que Chile tiene un sistema de justicia juvenil que funciona, que hoy hay menos jóvenes delincuentes en las calles, porque cada vez más delitos son investigados y resueltos. Además, dicho inexperto lector podría pensar que los jóvenes delincuentes no sólo están siendo castigados, sino que además se les está entregando una intervención especializada, programas de educación, capacitación y tratamiento de drogas. Podría incluso ver reafirmadas sus ideas, ya que tras reconocer un importante error en las cifras, el ministro de Justicia aseguró que este sistema disminuía la brecha de impunidad drásticamente y usaba la privación de libertad como último recurso,

Una lectura más experta, sin embargo, entrega un análisis opuesto. Al respecto, conviene aclarar cuál es la verdadera realidad de este nuevo sistema.

Comencemos con el sistema de justicia. Cabe recordar que esta reforma se inserta en el sistema procesal penal vigente. Aunque muchos hablaron de un posible colapso cuando la ley comenzara, éste no se produjo. La razón de esto no estuvo en las correctas estimaciones realizadas por la autoridad, sino en el hecho de que, al colgarse de un sistema funcionando, este último fue capaz de absorber la nueva demanda y sostenerla. Sin duda esto es positivo, pero impacta en la eficacia y correcto desempeño de la Justicia, así como en su funcionamiento y calidad de las respuestas.

Aunque nunca se contemplaron tribunales, defensores o fiscales exclusivos, la ley establece la especialización de los actores como forma de asegurar una intervención adecuada respecto de los jóvenes. Hoy, sin embargo, no se puede afirmar que dicha especialización se dé en todos los casos, lo que revela una importante cuestión de igualdad ante la ley. La gran cantidad de causas, escaso número de funcionarios, formación y capacitación, levantan dudas respecto a cuán especializada es la respuesta penal que se entrega a los jóvenes. Las instituciones deberían fortalecer los procesos de especialización ya iniciados y consolidarlos a través de una adecuada planificación y asignación de recursos. De lo contrario, sólo se estaría retrocediendo importantemente respecto de los fines que la ley persigue.

Sigamos con el sistema de ejecución a cargo de Sename. Dadas las actuales condiciones, la reformulación de este sistema debe ser radical.

Y tan profundo debe ser este cambio, que debe incluir no tan sólo la construcción de 10 nuevos centros de alto estándar anunciados por la Presidenta, sino fundamentalmente la reformulación de la institucionalidad a cargo y la completa modernización de los equipos técnicos y profesionales, tanto en el medio libre como en los centros privativos de libertad. De no mediar una real reforma, sólo se corre el riesgo de que miles de millones de pesos que se gastarán en construir estos centros sean dinero mal invertido y, a la larga, perdido.

Un sinnúmero de otros temas -desde la falta de agua para apagar incendios, el excesivo uso de la internación provisoria, la carencia de un sistema unificado de estadísticas, hasta la precariedad de las intervenciones psicosociales- podría ser analizado, y se llegaría siempre a la misma conclusión: la permanente crisis del recién implementado sistema de responsabilidad penal adolescente.

Este sistema requiere de profundas modificaciones, inversiones y evaluaciones. De prolongarse la situación actual, se condicionan las posibilidades reales de intervención con los jóvenes y un verdadero impacto en su participación en actividades delictivas. Además, recibirán cada vez que reingresen al sistema una respuesta más dura de parte de la justicia, sin que haya existido una real intervención y oportunidad de reinserción. Estas modificaciones son urgentes y necesarias, salvo que lo único que se espere de esta reforma sea números de aprehendidos, imputados y condenados, como el balance realizado por la autoridad."

Francisca Werth W.
Directora de Proyectos Fundación Paz Ciudadana

1 comentario:

Bordados dijo...

Creo que hay que serias falencias, cuando el MINISTERIO dijo, en nombre de SENAME, que se contaba con lo básico.
que es lo básico para ???

si el personal de SENAME nunca fue capacitado. y digo nunca porque es así. las cifras y convenios con universidad mostrados por las autoridades son mentira.

el SENAME no pago por espacio de 3 meses a las instituciones que ejecutaban las medidas cuatelares cuando se presento la sobre demanda en medidadas cautelares.

los personeros de SENAME Nacional, bajo cuerda han señalado y destacado que no cuentan con recursos económicos para continuar el segundo semestre.

de que estamos hablando???

muchas falencias, facil decir que SENAME es culpable y responsable, pero recordemos que sename es un SERVICIO del MINISTERIO de JUSTICIA, quien depende del GOBIERNO DE CHILE. gbierno elejido por casi todos los Chilenos.

el ministerio de justicia y el gobierno de chile deben ser mas claros y asumir con TODO lo que se requiere la implementación de un VERDADERO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.

y no esto que tenemos al día de hoy.