martes, 26 de febrero de 2013

Editorial de El Mercurio: Ahora la justicia juvenil

Dado el buen logro de la mesa de expertos que asesoró al Gobierno en el proyecto de ajustes al sistema procesal penal, la ministra de Justicia ha anunciado que durante 2013 convocará a otra mesa de similar composición para estudiar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, integrada por entidades que actúan en esa área, académicos y parlamentarios. Cabe recordar que la implementación de la Ley N° 20.084, de 2005, recibió duras críticas de centros de estudios, universidades y organismos de esa área, principalmente en cuanto a insuficiente especialización de la judicatura (básicamente, la misma a cargo de las causas de adultos) y a la falta de una infraestructura adecuada de los centros de Sename para el cumplimiento de condenas en el sistema cerrado y semicerrado. Al entrar en aplicación, no se crearon nuevos centros cerrados, sino que los ya existentes sufrieron adaptaciones menores, no condicentes con los niveles esperados. Los espacios y el personal para implementar la nueva ley fueron los mismos existentes antes de ella, lo que abrió dudas sobre sus resultados, dado que la meta de esa reforma era procurar la reintegración de los adolescentes infractores de ley.

Ante eso, el gobierno de esa época se comprometió a crear 10 centros cerrados de alto estándar, uno de los cuales (Tiltil) ya contaba con edificio, pero no estaba en marcha, por retraso en el llamado a licitación para su operación. El nuevo modelo de funcionamiento de los centros se basaba en un estudio realizado para el gobierno de entonces por la Fundación Paz Ciudadana, que tras recoger la experiencia internacional propuso cambios profundos en la forma de intervenir a los adolescentes infractores.

Transcurridos ya 5 años desde su implementación, conviene evaluar su funcionamiento e introducir los ajustes necesarios. Desde luego, será determinante el proyecto de ley que divide el Sename en dos servicios especializados (uno para protección de la infancia y la adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y otro centrado en la responsabilidad penal adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia), algo largamente requerido por todos los expertos, pero resistido por los funcionarios. Junto a dicha reforma, la ministra de Justicia anticipa mejoramientos a la Ley N° 20.084, que regulará el Servicio de Infractores Juveniles.

Esto es necesario, pues persisten problemas ya identificados al iniciarse la implementación del nuevo sistema. Es el caso de la especialización de la judicatura, a cuyo respecto todo aconseja crear un cuerpo con competencias exclusivas en estas materias. Con excepción del trabajo de especialización desarrollado por la Defensoría Penal Pública con un escaso presupuesto, todos los demás actores no están especializados, y tramitan por igual causas de adultos y adolescentes, dejando de lado materias como el control de la ejecución de las sanciones previsto por la ley.

También son insuficientes los avances en infraestructura, pues hasta ahora de los 10 nuevos centros solo el de Tiltil está en funcionamiento, pero hay serios retrasos en el diseño y construcción de los restantes. Además, a juicio de los expertos, los centros para el cumplimiento de sanciones en régimen semicerrado no han cumplido con lo esperado, al transformarse en "centros de reclusión nocturna" similares a los existentes para adultos, con una precaria oferta de reinserción.

Todo lo anterior justifica que el sistema sea integralmente revisado en lo legislativo y en su infraestructura, para así abordar los problemas de la delincuencia juvenil de modo eficaz y acorde con los estándares internacionales. Así lo reconfirman los informes de las comisiones visitadoras del propio Ministerio de Justicia, que en el segundo semestre de 2012 inspeccionaron centros y residencias de protección de menores de la Región Metropolitana.

domingo, 10 de febrero de 2013

Comunicación en Taller de trabajo en UDP “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores"

Hace unas dos semanas fui invitado por Miguel Cillero, conocido investigador de la Universidad Diego Portales a participar en un Taller de trabajo, “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores y su impacto en las medidas de protección”, que es parte de un estudio adjudicado a fines del 2012 por la Subsecretaría de Desarrollo Social. Estaban presente Francisco Maldonado, también del equipo investigador, Julio Cortés, Hernán Fernández (Proyecto Umbrales, Fundación Tierra de Esperanza), Sergio Henríquez (Puentes Consultores), Consuelo Contreras (Corporación Opción), Felipe Viveros, Erik Loembert (ONG Chasqui), Carolina Díaz  (Corporación Opción), Angélica Marín, Magdalena Liou (DEPRODE, SENAME), y otros miembros de ONG's y fundaciones.





Dejo aquí una versión ordenada de mi intervención en ese día.

viernes, 8 de febrero de 2013

Ejecutivo conforma comisión que revisará ley penal adolescente


La nota es del inefable Mario Gálvez, de El Mercurio del 7 de febrero 2013.

Es una indudable buena noticia la conformación de una comisión especial y los nombres que la integran poseen innegables credenciales de experticia y acabado conocimiento del sistema. Miguel -el principal académico nacional en la materia- y Alvaro fueron miembros de la comisión de expertos que el Ministerio de Justicia convocó el 2006, Rodrigo fue Director del Instituto Interamericano de Derechos del Niño antes de ser un brillante Defensor Nacional en la época de la tramitación y la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084. Nicolás ha jugado un rol central en el sistema los últimos años, desde Unicef, ya robusteciendo el trabajo de las comisiones de supervisión de centros, ya apoyando las evaluaciones ya en la conformación de circuitos regionales. Javiera, por su parte, desde Paz Ciudadana ha entregado una lúcida y crítica mirada sobre la reincidencia, a través de un comentado estudio, ha apoyado cada seminario sobre justicia juvenil, y su aporte desde la mirada de construcción de políticas públicas va a enriquecer el trabajo de la comisión. Paz Ciudadana desempeñó un rol protagónico en la discusión de la ley penal juvenil y contribuyó a atenuar el rigor que algunos senadores quisieron plasmar en un momento.

Quizá la única debilidad de la comisión reside en que sólo la integran abogados y aunque se trate de una comisión que debe entregar recomendaciones de modificaciones legislativas, por la materia involucrada -la justicia penal juvenil-  habría sido razonable incluir nombres del mundo de las diversas ciencias sociales que
Es un acierto estratégico incorporar a parlamentarios, aunque la elección de alguno sorprenda por su distancia con el tema (caso de dip. Cristi) habiendo en dicho partido varios diputados más familiarizados con la temática y no siendo ella siquiera abogada.

"Abogados expertos en materia penal juvenil integrarán la comisión que a partir de marzo revisará y propondrá mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
Se trata de Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández, José Francisco García, de LyD; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes, y Nicolás Espejo, consultor de la Unicef.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, informó que este grupo se constituirá durante la última semana de marzo, una vez que la comisión interinstitucional, integrada por representantes del Poder Judicial, Sename, Defensoría Penal y Ministerio Público, entre otras, termine la elaboración de un diagnóstico.

Desde comienzos de este mes este grupo de trabajo se encuentra elaborando un informe de las principales falencias y debilidades de la ley, que será entregado a los abogados expertos, quienes trabajarán bajo el mismo sistema que usó la comisión presidencial de perfeccionamiento al sistema procesal penal, que ya se encuentra ingresado al Congreso.
También fueron invitados a participar en la comisión de la RPA los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), además de los senadores Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN)."