miércoles, 26 de junio de 2013

El modelo de Missouri. Clase del Diplomado de la Universidad de Chile, Departamento de Psicología, sobre Actualización en Intervenciones con Jóvenes Infractores

Dentro del Diplomado de la Universidad de Chile, Departamento de Psicología,  sobre Actualización en Intervenciones con Jóvenes Infractores, revisamos diferentes experiencias comparadas. Quizá una de las más llamativas hoy en la literatura internacional es la del llamado “Modelo de Missouri” o “Milagro de Missouri”. El New York Times le dedicó hace algunos años un reportaje especial, en Harvard se articuló un estudio de caso sobre su experiencia, ha recibido diversos reconocimientos públicos y sido objeto de análisis; un reciente estudio federal de fines del año pasado (y cuyo conocimiento debo a la siempre atenta Edith Ramírez, bibliotecaria de Paz Ciudadana)  también le dedicaba una atención preferente.


Algunos de sus rasgos centrales y parte de la normativa (en inglés) quedan expuestos en esta presentación al final de la cual se señalan referencias para profundizar el estudio de esta valiosa innovación.










sábado, 22 de junio de 2013

Sobre el Modelo de Missouri

El estado de Missouri ha creado un sistema de justicia juvenil que ha tenido tanto éxito en los últimos 30 años que se ha conocido como el "Milagro de Missouri" o el "Modelo de Missouri"
Lo constituyen una serie de prácticas que se combinan para hacer único el sistema de Missouri : Se compone sobre todo de pequeñas instalaciones, en general diseñadas para entre 10 y 30 jóvenes, cerca de los hogares de los jóvenes. Missouri abandonó las prisiones juveniles masivas en favor de pequeños establecimientos en la comunidad que enfatizan la terapia y no el castigo. Cuando es posible, los jóvenes son ubicados cerca de sus hogares de modo que sus padres puedan participar en su rehabilitación que incluye extensa terapia de familia.



Visionaries - Missouri DYS from Missouri Approach on Vimeo.

jueves, 13 de junio de 2013

Carlos Tiffer: "Rebajar la edad de imputabilidad no va a solucionar el problema de la inseguridad."


Don Carlos Tiffer, experto en justicia juvenil, nos ha compartido ayer esta entrevista en La Diaria, de su viaje a Montevideo esta semana,  a propósito de campaña de recolección de firmas para plebiscitar, vìa reforma constitucional, la rebaja de edad penal que está efectuando el partido Colorado.



"Bajar la edad de imputabilidad penal “sería contraproducente” si la intención es mejorar la seguridad ciudadana, afirma el director del programa de Justicia Penal Juvenil del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(Ilanud), Carlos Tiffer. Llegó a Uruguay para abrir ayer, en el Paraninfo de la Universidad de la República, el “Ciclo de conferencias internacionales sobre Justicia Penal adolescente; aportes al debate nacional”, organizado por Unicef. Su exposición se enfocó en la responsabilidad penal juvenil y la vinculación entre la violencia y la inseguridad ciudadana.
Ha trabajado como consultor de Unicef y como perito consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Defiende los “programas de reincorporación y reinserción de carácter social” como “las mejores respuestas” frente al problema de la delincuencia en la adolescencia. Dice que sobre ésta “hay muchos mitos”. Subraya además que la población percibe de manera más grave los delitos cometidos por adolescentes porque los ve como “los delitos del futuro”, aunque, apuntó, no pasan de 10% de la totalidad.
-¿La baja de la edad de imputabilidad es un tema que suele estar en agendas legislativas?
-En general en todos los países de América Latina hay una preocupación seria por el tema de la inseguridad ciudadana. Esa inseguridad no es del todo injustificada, porque en la mayoría de los países, y pasa también aquí en Uruguay, ha habido un aumento importante del delito. Las respuestas que tradicionalmente se están dando en los países de América Latina, entre las que se encuentra rebajar la edad de imputabilidad o la edad para adquirir una responsabilidad de carácter penal, no van a solucionar el problema de la inseguridad. Sostengo que son sólo reacciones ante el problema. Otro tipo de respuestas que también se dan es el de las garantías y el aumento de las conductas delictivas y la aplicación automática de la prisión preventiva. Todas ellas, lamentablemente, no van a producir lo que muchas veces se cree que es el mejoramiento de la seguridad 
ciudadana.
-También ha estado en la agenda en su país, Costa Rica, con el cual, en diversos frentes, suele compararse a Uruguay.
-Sí, es cierto. A pesar de que son países alejados geográficamente, se suele comparar a Costa Rica y Uruguay en varios aspectos. Existe mucho en el imaginario, porque se comparan por población, por estándares de carácter económico, social, etcétera. Con respecto al tema de la edad de imputabilidad penal, Costa Rica y Uruguay suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño. Al rubricarla ambos estados adquieren obligaciones que este instrumento establece. En Costa Rica se estableció un sistema de responsabilidad que se denomina Penal Juvenil, que va de los 12 a los 18 años.
-¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de la baja de la edad de imputabilidad?
-Traería un aumento de población penitenciaria. Eso debería calcularlo cualquier país, porque va a tener un impacto fuerte en el sistema penitenciario, pero también en la Justicia. Además, hay que tener en cuenta que va a tener impacto en la misma seguridad y en el mismo delito, porque va a generar más violencia y más delito. Termina siendo totalmente contraproducente. Desde el punto de vista normativo sería un incumplimiento de las obligaciones internacionales, en el que los países signatarios de la Convención estarían incurriendo.
-¿Se ha aplicado?
-No conozco ningún país de la región donde se juzgue a los menores de edad como adultos. Existe sí el caso de Argentina, que aplica desde los 16 años un sistema similar al de los mayores de edad, e incluso establece penas perpetuas. Es un tema que ahora está debatiendo la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y sobre lo que próximamente va a dictar la sentencia.
-¿Hay una lectura social que tiende a atar a la inseguridad directamente a los delitos cometidos por 
adolescentes?
-Hay algunos mitos sobre la delincuencia juvenil, como por ejemplo que los adolescentes son los responsables de una mayor inseguridad ciudadana. Ocurre que el efecto de esa inseguridad no se produce exclusivamente por las conductas delictivas de los adolescentes. Es un fenómeno más complejo, en el que, no desconozco, hay una participación de adolescentes, pero no son los principales responsables. Lo que se produce es una percepción. Muchas veces se percibe socialmente que el responsable de la inseguridad ciudadana es el delito juvenil, pero en la mayoría de los países el delito cometido por menores de edad no pasa de 10% de la totalidad del delito.
-A comienzos de la pasada década en Uruguay no sólo aumentaron los delitos, también lo hicieron los espacios dedicados a la información policial en los medios. Se nota una especial focalización en los casos protagonizados por menores de edad. ¿Es de suponer que esto aporta a la criminalización de la adolescencia?
-Sí, porque no es lo mismo el crimen que la criminalización. El crimen es el delito real, es el que sucede, y para hablar de ello se requieren estudios estadísticos sobre la realidad del delito. El fenómeno de la criminalización tiene que ver con la percepción de los ciudadanos que podrían ser víctimas del delito. Efectivamente, ocurre en todas partes por igual que la percepción es mayor que el delito real. Cuando se percibe la inseguridad es más que nada una sensación a la afectación que uno podría tener de su integridad física, de sus bienes y de su propia seguridad. Hay que ver la participación de los menores de edad, porque se percibe que son los principales responsables de esa inseguridad, pero se percibe eso más por una percepción que por una realidad propiamente dicha.
-¿Hay entonces una percepción diferente cuando el delito es cometido por un adolescente?
-Efectivamente, ocurre que la población percibe de una manera más grave un delito que comete un adolescente que el que comete un adulto. Por eso mismo, además, la percepción de inseguridad aumenta. Cuando un adolescente comete un homicidio produce un efecto mayor de percepción que si lo cometiera un adulto. Como dice el criminólogo Günter Kaiser, que fue mi profesor en Alemania, la ciudadanía ve el delito de los jóvenes no sólo como el del presente sino como el delito futuro.
-Entonces, ¿eso genera miedo respecto a ese posible futuro?
-Es muy peligroso este fenómeno. El Estado y la sociedad tienen que dar una respuesta, porque el fenómeno delictivo puede generar un efecto de paralización de carácter social. Si sólo medimos el costo del delito o el tema del efecto que tiene el delito en general, en una sociedad o una comunidad que se percibe como violenta e insegura se produce un efecto de paralización social. Hay que dar respuestas de carácter integral y no sólo pensar en la responsabilidad penal. Ésa no es, reitero, una respuesta acorde a las obligaciones asumidas al haber firmado la Convención. Además, y por sobre todo, no es acorde a lo que estamos tratando de buscar, que es mayor seguridad ciudadana; un derecho que debemos tener en cualquier sociedad.
-¿Qué opina de la conservación de antecedentes cuando cumplen los 18 años?
-Mi posición sobre esto es que no tendrían que registrarse como antecedentes las sentencias condenatorias de los adolescentes. El delito juvenil debe entenderse como un delito episódico en el desarrollo de las personas. El hecho de registrarlos y además utilizarlos en la edad adulta significa iniciar las carreras delictivas. Es totalmente contraproducente para la orientación que tendría que tener un sistema de justicia, que es la reincorporación y reinserción social. Esos antecedentes son utilizados para estigmatizar negativamente a una persona.
Emilio Martínez Muracciole


lunes, 10 de junio de 2013

Mi ponencia: "Propuestas para la Reforma de la Ley Penal Juvenil"

Ponencia presentada en el Seminario Reformas a la Ley Penal Juvenil organizado por la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Santiago, el 10 de junio del 2013.

"Tres comentarios como preámbulo a la presentación de mis propuestas de reforma.
Uno.  ¿Justicia juvenil en la medida de lo posible? Como ex funcionario público conozco con detalle la cocina de las decisiones macro y un criterio que suele primar –no sólo en estas materias por cierto- es el de soluciones a la chilena. La gran excepción, por supuesto, es nuestro sistema procesal penal. Allí no se escatimó en gastos al diseñarlo y  el acierto de esta decisión ha hecho de esta reforma la exportación no tradicional más relevante en nuestra historia jurídica.
Sin embargo al discutir sobre justicia juvenil siempre hemos debido estarnos moderando, , bajando expectativas, imaginando en voz baja. Y dejamos las energías de cambio relegadas a los permanentes pilotos, que son flores en medio del desierto, y duran como tales.
En la discusión legislativa de la ley Nº 20.084 no contamos nunca con un texto alternativo que fuera el óptimo y que fuera una presión a las rebajas y tijeretazos varios que actores de todo el espectro partidista le dieron al proyecto del ejecutivo, el que a su turno ya era un texto podado por el ex ministro Gómez. Lo que tuvimos fueron declaraciones de principios, exhortaciones apostólicas patriarcales y quejas seudo proféticas que no aportaron absolutamente ninguna línea de redacción alternativa.
Las ONG de infancia del mundo de la protección aprendieron de este error y lograron hace un par de años contar con su propio anteproyecto de ley de protección de derechos. Así, cuando se sentaron a la mesa de trabajo que el presidente le pidió al ministro de Desarrollo Social tenían un completo articulado que deja en evidencia el paupérrimo gesto del ejecutivo el 30 de abril pasado al ingresar apenas 20 artículos como su proyecto de protección de derechos del niño. Yo tengo diferencias importantes con el texto de las ONG’s  pero he sostenido que es un hito el que hayan puesto en el subgénero literario de artículos legales aquellos principios que tan fácil sale proclamar.

Es necesario contar con un anteproyecto desde la sociedad civil que sostenga propuestas sobre la reforma de la ley penal juvenil y que se arriesgue a artículos y supere la etapa de la cómoda formulación de principios."

miércoles, 5 de junio de 2013

Seminario “Autonomía Progresiva y Cuidado personal”


La Asociación Nacional de Consejeros Técnico del Poder Judicial y la Asociación de Abogados de Familia, tienen el agrado de invitar a Sr.(a) Ministros, Magistrados, Consejeros Técnicos, Administradores, funcionarios del poder judicial y oros actores del sistema al Seminario “Autonomía Progresiva y Cuidado personal” que se llevará a cabo el jueves 6 de junio, entre las 15:15 y las 19:00 horas, en el Auditórium delk Edificio ubicado en el 3° piso de los Tribunales de Familia, San Antonio 477


Programa Seminario

15:15 hrs.        Bienvenida
15:30 hrs.        Inauguración del Seminario por la Presidenta de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago señora Gloria Ana Chevesich Ruiz. (10 minutos)

Primer Panel:
15:40 hrs.        Carolina Riveros Ferrada (Directora   Escuela de Derecho Campus Santiago, Universidad de Talca. Doctora en Derecho de la Facultad de Derecho, Ludwig Maximilian- Universität München) (30 minutos)
16:10 hrs.        Claudia Paz Mirada Fuentes, Magistrado del Juzgado de Familia de Pudahuel (30 minutos)
16:40 hrs.        Ronda de Preguntas (20 minutos)
17:00 hrs.        Café (20 minutos)

Segundo Panel:
17:20 hrs.        Carola Naranjo Inostroza,  Licenciada   en   antropología social Universidad de Chile; Magisterio en Psicología con mención en Psicología Social Comunitaria Pontificia Universidad Católica de Chile (30 minutos)
18:00 hrs.        Andrea Millán, Consejera Técnica del 2° Juzgado de Familia de Santiago, expondrá la ponencia preparada en conjunto con Vivian Joumier (Consejera Técnica del Juzgado de Familia de Pudahuel) y con Marcos Jiménez (Consejero Técnico del 2° Juzgado de Familia de Santiago) (30 minutos)
18:30 hrs.        Ronda de Preguntas (20 minutos)
18:40 hrs.        Despedida. Sorteo de libros




lunes, 3 de junio de 2013

Presentación de Número especial de Revista Javeriana dedicado a Justicia Juvenil


Quienes nos hemos formado en la disciplina de la Psicología y trabajamos en ella, sabemos la importancia que este conocimiento tiene para la vida humana, y su contribución a la comprensión del comportamiento humano en el marco de los contextos sociales que lo influyen y condicionan.

Sabemos que la comprensión del comportamiento exige de miradas holistas que dialoguen e integren los aportes de diversas disciplinas de las ciencias sociales, asi como sub disciplinas de la Psicología, respecto de los contextos familiares, grupales, comunitario, educativo, económico, jurídico y político, y así también de los marcos culturales en donde estos diversos planos se amalgaman en entramados de relaciones.

Justamente debido a que sabemos la importancia de lo que sabemos y el poder que ello conlleva, debemos asumir la responsabilidad que implica el participar de modo activo en los escenarios donde se toman decisiones juridicas, educacionales y en general de políticas públicas y sociales, aportando con nuestro saber en forma sistemática y rigurosa a la solución de problemas cotidianos de las personas e instituciones.
Dentro de los saberes que la Psicología aporta uno de los más sustantivos es sobre el desarrollo humano. Nuestra disciplina es una de las que más ha aportado a la comprensión de las necesidades evolutivas de las personas y en virtud de ello a la determinación de factores contextuales favorecedores u obstaculizadores del desarrollo; así como a la comprensión de los comportamientos humanos a través del curso vital y el rol que estos tienen en las posibilidades de adaptación, desadaptación y cambio de los individuos.

Al interior de esta perspectiva la visualización de la adolescencia como un momento vital fundamental por su gran impacto en la identidad, pero también por su gran plasticidad y vulnerabilidad, nos permite comprender el porqué de la mayor incidencia de comportamientos de riesgo y actuaciones transgresoras y delictivas en esta etapa; y a la vez nos ofrece una gran posibilidad para actuar mejorando las oportunidades de crecimiento humano integral en los jóvenes.

Esto ya ha sido asumido en muchas sociedades de occidente, generando legislaciones especiales para los menores de 18 años que infringen la ley, marcos legales que traducen los principios de la Convención de Derechos del Niño en la actuación de la justicia, buscando como objetivos por sobre el castigo la reparación e integración social.
La mirada de “principios” que se sitúa en la política pública hacia los jóvenes, interpela nuevamente a la Psicología, demandando conocimientos especializados que permitan ponderar en decisiones particulares el daño de la sociedad a sus individuos más vulnerables y el de éstos a la comunidad. Esta interpelación es sin duda un llamado ético a hacernos responsables por el valor que nuestro saber tiene a la hora de decidir sobre la idoneidad de la sanción que se debe aplicar a un joven, es una invitación a nuestra disciplina a participar responsablemente de un ámbito de toma de decisiones sociales fundamentales para las personas, y en particular para quienes comienzan a construir su vida en sociedad, es por tanto un llamado a participar de la construcción de sociedades más justas.

Grande es el aporte que la Psicología puede hacer a la justicia juvenil. Primero, profundizando en la comprensión de la dinámica delictiva adolescente, distinguiendo entre comportamientos esperables y no esperables y entre trayectorias adaptativas y desadaptativas; segundo, desarrollando tecnología para una observación y seguimiento preciso y profundo del comportamiento delictivo y de los resultados de la intervención orientada a producir un cambio; tercero, brindando una formación especializada a los operadores sociales que se desempeñan en este ámbito; cuarto, generando estrategias preventivas en los entornos sociocomunitarios en que se reproduce sistémica y transgeneracionalmente la delincuencia; y por último, apoyando a las instituciones responsables del trabajo en esta área (servicios de infancia y juventud, tribunales, fiscalías, defensorías, policías y guardias penales entre los más relevantes) a realizar acciones coherentes en sus prácticas y fines, evitando sobreintervenciones e intervenciones iatrogénicas que resultan de políticas sociales focalizadas sectorialmente, las que a través del tiempo incrementan de modo progresivo los costos de operación sin evidenciar reducciones del fenómeno delictivo ni mejores oportunidades de desarrollo para quienes resultan sancionados, pues la tónica en nuestra macro región latinoamericana es que la inversión en control social (seguridad ciudadana) sube y la delincuencia juvenil se incrementa y agrava.

Muchas son las formas en que la Psicología puede aportar en esta vía, pero quizás la de mayor peso la constituye el desarrollo de un debate científico internacional que aporte evidencia empírica para la toma de decisiones, extendiendo las fronteras disciplinarias en favor de las nuevas generaciones. Este es el sentido de compilar trabajos de esta línea en un número temático sobre adolescencia, iniciar un debate que sin duda se proyectará en el tiempo, haciendo más fuerte nuestra disciplina, pero sobretodo, nuestra vinculación con la sociedad real y sus problemas más urgentes, respondiendo al llamado que hace décadas nos hiciera Ignacio Martín-Baró para aportar a la construcción de una Psicología comprometida con la realidad.

Dr. Ricardo Pérez-Luco
Dr. Jaime Alfaro