jueves, 28 de agosto de 2008

Clase a Ministros de Cortes de Apelaciones sobre Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y Políticas de Reinserción Social

La semana pasada fui invitado por Miguel Cillero a hacer esta clase a Ministros de Cortes de Apelaciones, en el marco del curso que la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales le està haciendo a los ministros.

Ecuador: Ampliarán cárceles para los menores


El Hogar de Tránsito, el Centro de Rehabilitación para Adolescentes Infractores, además de la Casa de la Juventud, situados en el predio de las calles Gómez Rendón, Calicuchima, Abel Castillo y Lizardo García, oeste de Guayaquil, se ampliarán dentro de los próximos dos meses, mediante un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Parte del millón seiscientos mil dólares que la entidad cuenta para la reestructuración de los centros de internamiento para menores será utilizado en esta readecuación.

Así lo informó Mónica Vargas, subcretaria de esta cartera de Estado en el Litoral.

El edificio que comprende cuatro manzanas y en el que funcionan actualmente las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapén) y un mercado de víveres con 720 locales, será sometido a una remodelación en su interior para un mejor aprovechamiento de los recursos y del personal.

“En Guayaquil tenemos tres centros de internamiento para varones y mujeres. La sección masculina está dividida en dos fases que son el Hogar de Tránsito y el Instituto Profesional de Varones. Hay varios centros en el país donde las dos fases se cumplen en un solo lugar que sería lo correcto por cuestiones de presupuesto y logística”, dijo Vargas, quien agregó que por el reducido número de menores infractores, se puede cómodamente habilitar dos compartimientos para cada uno de los grupos aislados, como efectivamente se tiene planificado.

“Se derribarán las paredes divisorias y se tendrá una sola administración porque no es justo que haya 17 empleados trabajando tan solo para 4 menores aislados. Mientras que en el otro centro hay 12 personas dirigiendo a 90 adolescentes, por lo que vamos hacer un solo centro para equiparar personal e internos”, dijo.

Indicó, además, que la entidad ha recibido centros con una cantidad de empleados, cuya mayoría están desactualizados en los procedimientos y no encajan en los nuevos requerimientos que el Ministerio tiene proyectado emplear, por lo que se tiene planificado reubicar a este personal en otras áreas para que desempeñen otras funciones.

“Recibimos a 32 funcionarios del MIES en los diferentes centros de adolescentes infractores de Guayaquil. De este grupo se los va a seleccionar y reubicar”, indicó.

El Ministerio de Justicia y DD.HH. tiene la responsabilidad sobre los centros de rehabilitación social y de los internos, mas no de la justicia que la administra tanto el juez como los fiscales, ilustró la funcionaria de Gobierno.

Una vez que el funcionario judicial dicta una medida, ya sea cautelar o socioeducativa para los adolescentes infractores, el Ministerio se hace cargo de ellos precautelando su integridad y procurando que la estadía del menor no sea tan fuerte. Para esto, establecen diferentes medidas para socializar al infractor, a través de equipos de profesionales técnicos (psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pedagogos, neurólogos, trabajadores sociales, etc).

En la actualidad, estos centros de reclusión tienen un solo equipo para 70 u 80 personas y es muy difícil que puedan trabajar de manera eficaz. El dinero anteriormente señalado también será empleado en la contratación de especialistas que coadyuven en la reinserción del menor infractor en la sociedad.

Esta contratación se la empezará a realizar a partir de esta semana.

Según explicó Vargas, la plantilla de profesionales está dirigida para 30 menores, por lo que si en el centro existen 90 internos será menester triplicar el número de personal técnico para un óptimo trabajo.

Según Kléber Loor, subsecretario del MIES, el presupuesto con el que contaban para este y otro tipo de proyectos fue transferido a la Subsecretaría de Justicia y DD.HH.

Este último organismo de Estado contará para la continuación de los planes de rehabilitación con una partida propia correspondiente al 2009.

El proyecto de reestructuración de los centros de adolescentes infractores comenzó en Guayaquil y se prolongará hasta Machala, Loja y Portoviejo, donde se registra un problema especial y es que allí, por alguna causa, están deshabilitados. Es por ello que los adolescentes infractores aislados en la provincia de Manabí y también de Los Ríos son conducidos a Guayaquil, ocasionando una congestión en uno de los centros.

Asimismo, en esta ampliación de los centros se contempla la instalación de al menos una sala de audiencias de formulación de cargos, anunció Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes Infractores.

Desde el 5 de mayo anterior la sala de audiencias para menores infractores funciona en la planta baja del edificio de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

En esta sala, el juez de la Niñez y Adolescencia, tras la solicitud del fiscal, dictará las medidas socioeducativas a tiempo y agilizará los procesos contra los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La meta es, según Vargas, que en el menor tiempo haya la infraestructura adecuada y el equipo de profesionales técnicos idóneo para que jueces y fiscales comiencen a hacer su trabajo a cabalidad.

Por otro lado, los internos contarán con becas estudiantiles para que alcancen el bachillerato, a través de un convenio entre los ministerios de Justicia y Educación.

Organizaciones de contribución mixta como el Secap también prestarán su contingente para la consecución de oficios y talleres.

El trabajo en el edificio en cuestión ya comenzó la semana anterior con el embellecimiento de la fachada con una capa de pintura.



Se incrementará número de juzgados


Cinco juzgados más de la Niñez y Adolescencia trabajarán en Guayaquil, sumando en total diez judicaturas. En Milagro funcionan dos.

Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes Infractores, informó que producto de conversaciones entre la Fiscalía del Guayas y la Corte Suprema de Justica y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se ha llegado a un acuerdo para que dos juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil tramiten exclusivamente casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Los demás continuarán con las causas por juicios de alimentos, custodia, contravenciones, etc.

Según indicó la agente fiscal, los jueces de esta área tienen, en muchas ocasiones, fijadas a la misma hora y fecha, audiencias tanto en el ámbito civil como penal, lo que retrasa los procesos. La Función Judicial se ha comprometido para que de los cinco nuevos juzgados, dos de ellos se dediquen solo a tramitar casos de adolescentes infractores, lo que sumado a la celebración de las audiencias de formulación de cargos, agilizarían notablemente las causas

Fuente: El Telègrafo.

Presunción de inocencia y fiscales

Carta al Director, en El Mercurio
Miércoles 27 de Agosto de 2008


Señor Director:

Concluidos los sumarios administrativos iniciados por el Ministerio Público en contra de algunos de sus fiscales, recientemente volvió a sus funciones el fiscal Juan Pablo Buono-Core. Durante la investigación, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Marcelo Leiva, representó públicamente la imperiosa necesidad de que a estos profesionales se les asegure "un proceso imparcial, justo y con respeto a la presunción de inocencia". En esta misma línea, esa entidad gremial decidió presentar una querella contra quienes resulten responsables de la filtración a la prensa de parte de la carpeta de investigación en la que el abogado Ariel Marín, imputado en una bullada causa de narcotráfico, mencionó al fiscal Buono-Core atribuyéndole una conducta supuestamente reprochable. "La declaración del imputado Marín es una pieza de investigación secreta. Por lo tanto, haberla hecho pública implica necesariamente la comisión de un ilícito", enfatizó el fiscal Leiva.

La Defensoría Penal Pública coincide plenamente con estos planteamientos. Estas mismas garantías básicas que hoy los fiscales están reclamando para los suyos son las que a diario los defensores penales públicos exigen para sus imputados, cualquiera sea su investidura o condición. Con una frecuencia que no desearíamos, nos hemos visto en la obligación de representar al tribunal cómo antecedentes reservados de la investigación de la fiscalía van a dar a la prensa. Muchas veces la información es filtrada con un claro sesgo contrario a la posición del imputado, con lo que la publicación se transforma habitualmente en una herramienta de condena pública anticipada.

LEONARDO MORENO HOLMAN
Defensor Regional Metropolitano Norte

miércoles, 27 de agosto de 2008

Corte Suprema de Justicia de El Salvador celebra 13 años de Ley de Ejecución de Medidas al Menor

La Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó el foro denominado “13 años de la Ejecución Penal Juvenil: Problemática, Perspectivas y Propuestas de Solución”, con motivo del aniversario de la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Sometido a la Ley Penal Juvenil.

Según la magistrada de la CSJ y miembro de la Comisión del Menor, Victoria Marina de Avilés, la realización de este tipo de foros son de suma importancia para los aplicadores de justicia del área juvenil, ya que permiten analizar los avances y el funcionamiento de la ley.

“Como país nos permite reconocer objetivamente y con transparencia lo que se ha logrado con esta ley”, expresó de Avilés.

Para la funcionaria, es importante no sólo conocer la opinión de los aplicadores de la justicia, sino también es importante conocer la visión del Estado ante la conducta de jóvenes en conflicto con la ley, las políticas a seguir y los resultados de estas.

Una de las garantías que la magistrada asegura se le ofrece a los menores infractores es el respeto a los procesos y el respeto a su dignidad.

A la fecha, según De Avilés, en el país hay al menos 600 menores en conflictos con la ley y en cuanto a la resolución de casos de menores infractores “hay solvencia” por parte de la instancia competente.

Durante la actividad se impartirán conferencias relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de las sanciones penales juveniles, así como el rol de los equipos de los juzgados de menores.

La Unidad de Justicia Juvenil, desde su creación, ha desarrollado diferentes acciones que incluyen debates públicos encaminados a contribuir con el desarrollo de condiciones que permitan la adecuada aplicación y ejecución de la legislación juvenil, así como el fomento de especialización en los ejecutores de dicha ley.

Estudio de UNICEF revela opinión de los niños sobre la forma en que sus padres los crían

Soledad Larraín debe ser quizá la principal (o una de los dos o tres) experta nacional en el tema infancia y buen trato. Es consultora de UNICEF y acaba de dar a conocer hoy un importante estudio, "La voz de los niños, niñas y adolescentes: “Lo que más le importa a mis padres”. Va la nota de prensa de UNICEF:


“Lo que más le importa a mis padres” es el nombre del estudio presentado esta mañana por UNICEF, en el cual se abordan las normas y reglas utilizadas por los padres en la crianza y formación de sus hijos. Los principales resultados fueron dados a conocer por Egidio Crotti, Representante de UNICEF para Chile; Soledad Larraín, Consultora de UNICEF; y Andres Varas, gerente general de Criteria Research.

De acuerdo al estudio, la mayoría de los niños vive con ambos padres, las horas del día que más comparten con ellos es en la mañana y en la noche, y prácticamente todos califican positivamente la relación padre-hijo.

Señalan que a sus padres lo que más les importa es que se saquen buenas notas y que colaboren con el orden doméstico. Esto se traduce en que ambos temas ocupan un lugar destacado en las conversaciones que tienen padres e hijos, pasando a segundo plano temas relevantes, especialmente para los adolescentes, como el consumo de alcohol y drogas y aquellos referidos a la sexualidad. En relación a este último es donde los adolescentes perciben mayores dificultades de los padres para abordar estos temas.

El rendimiento escolar se transforma en la principal fuente de gratificación y castigo para los niños. En definitiva, perciben que “sacarse buenas notas” es lo que más les importa a sus padres y para los hijos el tema se transforma en un fin en si mismo. Son las notas la fuente de premios y castigos, lo que les genera sentimientos de orgullo y culpabilidad.

En relación con el orden doméstico se da la misma relación semeja. Se acatan las normas, pero no perciben que se les trasmitan un sentido asociado a ellas, sólo el de “aliviar” a los padres cansados.

Vinculado al rendimiento escolar, los niños y niñas cuentan que sus padres dicen que les importa el esfuerzo que ellos hacen para que les vaya bien en los estudios, aunque finalmente sólo valoran el resultado.

De acuerdo al estudio, niños y adultos difieren en la valoración que tiene el rendimiento escolar en sus vidas. Los niños perciben que sus padres asocian las buenas notas a la posibilidad de que los hijos sean mejores que ellos y “sean alguien en la vida”; los niños en cambio confiesan que estudian sólo para dejar tranquilos a sus padres y no ven el estudio como una posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y de aprender.

Las motivaciones utilizadas por los padres para el logro académico son percibidas por los niños y niñas como algo ajeno y lejano en el tiempo. No hay una valoración, por parte de los adultos, de las conductas del presente “del aquí y ahora”, sino de un proyecto futuro de los padres. Hay un cuestionamiento relativo de este discurso al percibir la “infelicidad” de sus padres.

Los niños y niñas han interiorizado el discurso social y familiar en relación a las expectativas futuras. Para ellos “ser alguien en la vida” es ser profesionales, trabajar y triunfar; formar una familia y ser buena persona; aparecen como prioridades poco relevantes. También aparecen cambios culturales importantes en relación al género. Las mujeres tienen como principal expectativa en la vida ser profesionales, mientras que formar una familia aparece como una de las últimas prioridades.

La obtención de una profesión es relevante para los niños y niñas de los colegios municipales, mientras que para los de colegios particulares lo es el trabajo, triunfar y ser independiente.

Aunque las formas de crianza son estructuralmente similares en Santiago, Temuco y zonas rurales de la Región de La Araucanía, en estas últimas se aprecian normas de relación más tradicionales, valorándose más el respeto hacia los mayores y el cumplimiento de responsabilidades.

El estudio se aplicó en Santiago, Temuco y zonas rurales de la Región de La Araucanía y contó de una fase cuantitativa, en la que se encuestó a 2.942 niños y adolescentes de establecimientos educacionales municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, y otra cualitativa en que se entrevistó en profundidad a 24 niños y adolescentes.


martes, 26 de agosto de 2008

Control de ejecución de las sanciones en medio libre

Uno de los temas que hoy resultan críticos para el adecuado funcionamiento de la Ley N° 20.084 es el control de la ejecución de las sanciones en medio libre.

El artículo 50 de la Ley de responsabilidad penal adolescente establece:
“Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde ésta deba cumplirse."

El lugar de cumplimiento es de perogrullo en el caso de las sanciones privativas de libertad, pero lamentablemente los actores del sistema de justicia no han mostrado preocupación por dar correcta respuesta a quién está encargado del control en el medio libre.
Actualmente hay dos o tres contiendas de competencia trabadas a este respecto. Basicamente la cuestión se plantea acerca de si prima el domicilio de la institución encargada de la ejecución o el domicilio del adolescente.

La urgencia de zanjar correctamente este asunto lo muestra lo que ya está ocurriendo en algunos centros: los jóvenes se dan cuenta que no pasa nada si dejan de asistir a los encuentros con el delegado y se pasan la voz.

Este es un punto que remarqué ante los Ministros de Corte la semana pasada como uno de los aspectos en que el sistema de justicia puede aportar a enmarcar adecuadamente procesos de reinserción social, reforzando la adherencia a los procesos socioeducativos y castigando la inasistencia.

Un ejemplo de un juez que entiende correctamente este punto lo vemos en el fallo que reproduzco infra, de mi amigo personal, Waldemar Koch, juez de garantía de Concepción, quien en este caso ha trabado competencia con juez de Talcahuano.



lunes, 25 de agosto de 2008

Taller sobre el funcionamiento de la ley de responsabilidad penal adolescente para Corporación PROMESI

Corporación PROMESI siguiendo sus Jornadas de capacitación para sus equipos me invitó a exponer sobre algunos aspectos del funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Procuré ofrecerles una aproximación a algunos aspectos penales y procesal penales que los afectan en su trabajo cotidiano.
Así, la primera parte aborda aspectos del sistema de determinación de penas, y luego su impacto en RPA.
Seguimos con una mirada a algunos flujogramas del proceso en responsabilidad penal adolescente, del control de detención y de medidas cautelares.
A continuació repaso algunos tipos de audiencias a las que probablemente les toca asistir.
Y luego, examinamos tipos de audiencias de la fase de ejecución.

sábado, 23 de agosto de 2008

Mario Waissbluth y el desastre nacional del Estatuto Docente

Mario Waissbluth, profesor de la Universidad de Chile y afín a la Concertación, se abocó a revisar un sinnúmero de estudios y cifras, y a conversar con expertos en educación, directores y sostenedores de colegios. La idea era arribar a un balance, sin eufemismos ni clichés, sobre la calidad de los profesores y de la educación en Chile y los factores que influyen en ésta. He aquí las dramáticas conclusiones.


"Estatuto Docente: Una tragedia peor que el Transantiago (en Revista Qué Pasa)
Por
Mario Waissbluth


Estimados lectores: les expresaré algunas preocupaciones y proposiciones respecto a la tragedia griega que estamos viviendo en la educación, hipotecando el futuro nacional por décadas. No me referiré a la LGE (imprescindible) ni al musical jarrazo, sino a los temas que verdaderamente me preocupan. En este país no se habla la firme, y si no nos sentamos todos a conversar sin eufemismos disfrazados de ideología, esto no se arregla.

Las tragedias griegas terminan mal. Desde el inicio se sabe que las circunstancias de cada actor llevan inevitablemente al descalabro. Cada uno es producto de su historia, nadie es tan bueno ni malo, sino que juega el juego que le tocó.

Contemos el hipotético caso de un joven que estudió hace 15 años en una escuela municipal de regular calidad, y que obtuvo 500 puntos en la PAA, la antigua PSU.

Para mayor claridad, 500 puntos, la mediana de la muestra, equivalía a responder correctamente entre el 10% y el 15% de las preguntas de la PAA. La mitad de los alumnos contestaba menos que eso. De acuerdo a los datos del Second International Adult Literacy Survey (Sials) -elaborado por la organización de países industrializados OCDE-, nuestro joven de los 500 puntos con dificultad comprende hoy, ya adulto, lo que lee.

El dueño de una escuela particular subvencionada me comentó hace poco que cuando reciben alumnos con sólo dos años de mala enseñanza básica, el retraso formativo comparado con sus compañeros se constata como "casi irrecuperable". Las personas que llegan a la educación media o la universidad sin ciertos aprendizajes en materia de lenguaje y aritmética -que debieron obtenerse a temprana edad- difícilmente podrán recuperarlos, por mucha "remediación" (jerga oficial) o capacitación que se les imparta durante su carrera.

En suma, nuestro joven de 500 puntos difícilmente podría haber encarado una carrera universitaria.

El negocio de los pedagógicos express

Sin embargo, Chile le ofreció a este joven una salida. La legislación de educación superior -estupenda muestra del libre mercado- le permitió ingresar a estudiar Pedagogía a una universidad de dudosa calidad, de esas que otorgan los títulos al vapor y/o por internet.

Según una reciente investigación (ver recuadro en la página 16), a lo largo de sus "estudios" los niveles de conocimiento de nuestro joven mejoraron entre... 2% a 4%. No más. Pasó por la universidad y aprendió nada. Pagó buen dinero o incluso se endeudó para comprar un título. En su lugar, cualquiera hubiera hecho lo mismo.

No exagero. Aunque los puntajes de corte y la demanda por estos estudios han ido en aumento, la carrera de Pedagogía Básica registró en el proceso de admisión 2008 un puntaje PSU del último matriculado, que en una universidad llegó a ser de… 320 puntos. Esto equivale a responder correctamente cuatro de las 80 preguntas. Así es, 4 de 80.

De 18 mil estudiantes que este año egresarán como profesores -con poca esperanza de encontrar trabajo-, cerca de la mitad lo está haciendo vía dudosas regularizaciones de estudios. Las universidades que los imparten, incluidas algunas del Consejo de Rectores, hacen un pingüe negocio que crece vertiginosamente: son 40 universidades e institutos que aumentaron, en los últimos 3 años, su matrícula total formal de 12.500 a 24.600 alumnos de Pedagogía. Está bueno el mercado.

El lastre del Estatuto Docente

Luego, ya egresado y titulado, la suerte le sonrió un rato a nuestro joven: pudo ingresar como profesor con una jornada de 44 horas semanales a una escuela municipal. Habiendo logrado -con todas las asignaciones - una remuneración inicial de 591 mil pesos brutos mensuales, que con los aumentos bianuales automáticos llega inexorablemente a 877 mil pesos, éste ya no tan joven, gracias al Estatuto Docente y con el entusiasta apoyo de su Colegio de Profesores, ha procurado rehuir cualquier tipo de evaluación rigurosa.

Si yo estuviera en su lugar, asegurado un ingreso intocable para mi familia, el que no podría haber logrado de otra forma con ese nivel de preparación, me opondría rotundamente a un cambio en la situación. Además me sentiría bastante tranquilo, sabiendo que si el sostenedor municipal osara pedirme la renuncia por "pésimo desempeño docente", existiría la casi certeza de que la Inspección del Trabajo y/o los tribunales me reintegrarían al cargo, con una indemnización de $15 millones a $25 millones. ¿La causal? "Menoscabo por desvinculación injusta". Para perder el trabajo, este profesor debería tener más de 100 días anuales de licencia médica, cometer abuso sexual o un crimen similar.

Digamos las cosas como son porque es sanador. Visto en retrospectiva, el error más caro para el país en dos décadas no es el Transantiago: es el Estatuto Docente. Como en toda tragedia, nadie es tan maligno. Me lo relató un altísimo integrante del primer gobierno de la Concertación: "Ubiquémonos en esa época… Pinochet comandante en jefe, terror a la fuga de capitales, ejercicios de enlace... había que defender la economía y la democracia a toda costa. Tuvimos que concederles mucho a muchos, como el Estatuto Docente a los profesores y el silencio sobre las privatizaciones a los empresarios".
Uno posiblemente hubiera hecho lo mismo.

Retomemos la historia del joven profesor. No creamos que lo está pasando bien. Sus condiciones laborales son durísimas: agotadoras 32 horas de clases, el ambiente es agresivo, su tasa de depresiones severas a lo largo de la vida es de 32% cuando el promedio de una muestra de referencia es de 23%. Sus episodios de pánico o de ansiedad superan por más del doble a la muestra de referencia. Mayor razón para sentirse menoscabado si alguien propusiera someterlo a una evaluación rigurosa.

Como todos sabemos, pero no decimos, la evaluación docente actual es enteramente dudosa. Después de 4 años de resistencia, todavía no se logra evaluar ni siquiera a la mitad de los profesores. Pero algo se ha avanzado; es un logro, casi como poner un pie en una puerta antes cerrada.

Pero, escarbemos en los datos que yacen tras un velo de eufemismos en el sitio web del Ministerio de Educación: los clasificados como "competentes" o "destacados" suman el 64% de los evaluados. Este 64% tiene derecho a un incentivo monetario, para lo cual debe rendir una prueba rigurosa de conocimientos, asunto no incluido en la evaluación regular. Cerca de la mitad de los que tienen ese derecho, por alguna "extraña" razón, se abstiene de rendir dicha prueba, aunque recientemente se ablandaron los criterios para que más profesores lo hagan.

Revisando los resultados de ese proceso, se concluye que en realidad apenas el 10% del total de los profesores tiene niveles de conocimiento comprobado que los pudieran calificar como realmente "competentes" o "destacados".

La situación de los docentes de colegios particulares subvencionados no es muy diferente. Según todo lo que se observa, descontado el factor socioeconómico de sus alumnos, se constata que la realidad educativa, emocional y salarial de los profesores y los tamaños de aula en ambos sistemas son muy parecidos.

El informe del Sials ya mencionado contiene otro dato aterrador, pero como los chilenos somos expertos en hacernos los lesos, esta verdad políticamente irritante no se comenta: sólo el 8% de los egresados de educación superior entiende completamente lo que lee.

Es fácil sospechar entonces que los profesionales que hoy comprenden perfectamente lo que leen no son los que ingresaron a la educación superior con 400 o incluso 600 puntos. El 8% superior en la PSU equivale a cerca de 650 puntos. Por tanto, es difícil creer que muchos profesores comprendan perfectamente lo que leen; luego, es difícil imaginar que podrán enseñar a sus alumnos a comprender lo que leen o a dividir fracciones. Perdón por la franqueza.

En suma, después de revisar informes, mirar cifras y entrevistar a bastante gente para escribir este artículo, si se toma en consideración el origen escolar de la mayoría de los educadores y la calidad de la educación pedagógica que recibieron, es inevitable concluir que, por lo bajo, un tercio de ellos no tiene la formación esencial, los conocimientos, la pedagogía o la motivación para abordar la titánica tarea que este país enfrenta para resolver el problema de la calidad educacional. Peor aun en los mayoritarios casos de alumnos y apoderados en situación vulnerable, lo que requeriría profesores con aun mayores competencias.

Para muchos profesores motivados, nada de esto es su culpa: es este perverso encadenamiento de circunstancias el que los ha puesto donde estamos. Para otros, son flagrantes sus faltas a la ética al recibir un sueldo por un trabajo que no se hace o se hace pésimo.

No cabe duda de que hay una cuota relevante de buenos y motivados profesores, pero hay que mencionar la desmotivación y desidia de muchos. Si yo llevara 20 años en una escuela municipal, en esas condiciones ambientales, laborales y organizacionales, posiblemente me sentiría igual.

La motivación de los docentes tiene una elevada correlación con el liderazgo de los directores de escuela. Está verificado que el liderazgo directivo es el segundo factor intraescuela, luego de las competencias docentes, que más influye en la calidad de la educación. Obvio.

Otra verdad inconveniente

La otra verdad inconveniente, que los parlamentarios de derecha callan discretamente: ¿alguna vez nos explicarán con la frente en alto por qué se opusieron por más de 15 años a cambiar el estatuto pinochetista de "amarre", que declaró a los directores como vitalicios?

Vitalicios. Está clarito por qué: ellos también tienen su cuota de clientelismo. Así son las tragedias. Y luego tienen cara para criticar la calidad de la educación municipal y reclamar por la inflexibilidad laboral del país.

A pesar de que ya se logró cambiar la dichosa norma vitalicia, los astutos artículos transitorios introducidos por estos parlamentarios todavía permiten la permanencia de un buen porcentaje de apernados que no le rinden cuentas a nadie. Como me contó esta semana un sostenedor municipal del sur: "Tengo un tercio de vitalicios; despedí a uno por petición expresa y reiterada del Centro de Padres. Me tuve que tragar 25 meses de indemnización, más una condena de 30 millones de pesos por menoscabo. No lo vuelvo a intentar. Simplemente no tengo la plata. Además, pese a que la matrícula me disminuye año a año, sigo con el mismo número de profesores".

El arreglito es más sicótico todavía: si uno de los vitalicios pierde su concurso… el municipio debe mantenerlo contratado con el mismo sueldo. Esa sí que es flexibilidad laboral.

Negociemos el rescate

En esta tragedia griega, como en un juego de ajedrez, al gremio de profesores se le concedió, por medio del Estatuto Docente, la captura de la educación municipal y la tiene de rehén. Por ende, tiene de rehén el futuro del país.

No estoy juzgando a nadie. Son las benditas circunstancias políticas, históricas y constitucionales. Las mismas que han permitido agarrarse de la teta a otros grupos de poder gremial, empresarial o universidades truchas. Las mismas que han llevado a un grupo de no más de 200 dirigentes políticos a repartirse los cupos parlamentarios y municipales a su gusto durante casi 20 años gracias al sistema binominal, mecanismo inventado para mantener el statu quo y "proteger la democracia". No hay castigo ni incentivo político alguno por obtener resultados de largo plazo que ayuden a la ciudadanía, educación incluida.

"Captura" es lo que ocurre cuando un grupo de agentes, empresas o personas logran apropiarse de una institución o sistema -por conductos formales o informales- para su propio beneficio. Las capturas se resuelven por rescate armado o por negociación. Siendo impensable la primera opción, ¿por qué no inventamos una negociación en la firme, para salir de este embrollo? Pongamos números gruesos, por ejemplo, a lo que costaría modificar radicalmente el Estatuto Docente.

Supongamos retiros anticipados -dignos y programados- a lo largo de cinco años, por unos 15 meses de salario además de lo que establece el Código del Trabajo, para unos 20.000 docentes que no tengan una buena y rigurosa evaluación, y que hoy mal-educan a unos 800 mil niños. No es tan loco considerando que recientemente nueve mil se acogieron a retiro.

Agreguemos el cese inmediato -con pensión razonable- de todos los vitalicios que siguen desmotivando a sus profesores y que no ganen su concurso. Estaríamos sumando unos mil millones de dólares. Esto es inversión por una vez.

Suponiendo el cierre inmediato de carreras pedagógicas de calidad inaceptable y la imprescindible creación de un examen nacional de habilitación para ejercer la pedagogía en cualquier tipo de escuela, deberemos sumar el costo de devolverles la plata que malgastaron en matrículas a unos 10.000 estudiantes de pedagogía express en estos últimos años: serían unos cien millones de dólares más.

Agreguemos un programa para crear o fortalecer institutos pedagógicos dignos de ese nombre, con postgrados de nivel internacional, etc.: otros cien millones de dólares. Por una vez. Ya vamos en 1.200 millones de dólares.

Finalmente, lo más caro. Inmigración inmediata de dos o tres mil profesores extranjeros bilingües con experiencia en aula. Beca robusta para todo estudiante con PSU arriba de 650 puntos que ingrese a estudiar Pedagogía a una carrera acreditada, con una promesa salarial 40% superior al valor actual, y de 70% para aquellos que obtengan un magíster acreditado en Pedagogía o una materia específica. Lo mismo para egresados de Ingeniería, Derecho o cualquier ciencia, que obtengan un magíster acreditado en Pedagogía. En España, por cierto, esta última es la única manera de ser profesor de secundaria. Agréguele inducción, apoyo y mentores para todos los profesores que inicien sus labores. Súmele 100% de aumento salarial para atraer buenos directores de escuela.

Suponiendo un programa paulatino, que comience hoy, estaremos hablando de un gasto adicional que a la vuelta de una década puede llegar a ser del orden de mil millones a mil doscientos millones de dólares anuales, algo así como el 0,5 % del PGB que Chile debería tener para esa época. Números gruesos, por supuesto. Todos los profesores del sistema municipalizado continuarían, si lo desean, siendo miembros del Colegio de Profesores: eso ni se discute. Pero con un renovado y flexible Estatuto Docente, con incentivos asociados a una evaluación rigurosa y a una salida expedita para los casos de flagrante abandono de deberes. Yo pagaría feliz más impuestos para financiar semejante revolución.

Por cierto, éste no es sólo un llamado a los profesores. Para que haya negociación deben existir dos partes. La otra es el Poder Ejecutivo y todos los partidos del espectro político, abandonando por una vez las rencillas y creando el consenso necesario para avanzar con los maestros y no contra ellos.

Pongamos esa plata arriba de la mesa y todos ganan, incluyendo los profesores, que habrán recuperado su histórico sitial en la sociedad. Se crea una carrera docente de estándar internacional. Se desarrolla un nuevo concepto de evaluación, cuyo foco es el perfeccionamiento de profesores que ingresaron a la carrera cumpliendo estándares mínimos. Se fortalece la educación pública que muchos añoramos. Los que más ganarían son nuestros hijos y nietos. Por eso, si quieren, subamos el monto de los retiros anticipados al doble, pagaderos en cómodas cuotas a 10 años. ¿Hay trato? Me convencí que el resto es música… con minúscula.




Las graves conclusiones de un estudio

El estudio data del 2007 -está disponible en el sitio web del Consejo Superior de Educación- y fue elaborado por la U. de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la U. de Valparaíso. Se denomina "Desarrollo de habilidades básicas en lenguaje y matemáticas en egresados de Pedagogía. Un estudio comparativo".

Se le siguió la pista a una muestra de 488 estudiantes de Pedagogía de 5 universidades nacionales. A ellos se les sometió a una prueba de capacidades al ingreso de la carrera (en el 2002) y luego a la misma prueba cuando egresaron, 4 ó 5 años más tarde.

Puesto crudamente, sólo el 64% de los que ingresaron a Pedagogía podía leer un gráfico: esto mejoró a 65,4% después de obtener un título de profesor. O sea, 1,4%. En el caso de extraer conclusiones de un texto, la educación universitaria disminuyó la frecuencia desde 61,6% a 57,8%, un extraño fenómeno de des-educación.

La conclusión textual del trabajo: "A modo de síntesis, la situación descrita indicaría que los estudiantes de Pedagogía ingresan a la universidad con ciertas carencias, reflejadas en sus puntajes de selección, y egresan, después de varios años de estudio, con las mismas limitaciones."

La pregunta más inquietante: ¿por qué este estudio no ha generado un escándalo nacional?"

miércoles, 20 de agosto de 2008

Noticias de Ecuador y Argentina sobre jóvenes infractores


"Ayer se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que llevará el cine a 5 centros de rehabilitación social tanto de hombres como de mujeres, y a 2 centros de adolescentes infractores, mediante la ejecución del proyecto "Cine conSentido: pelis pa la pipol".

El acto se realizó en el Centro Juvenil Virgilio Guerrero con la presencia de los Secretarios de Estado, Galo Mora y Gustavo Jalkh, respectivamente. También participaron el Viceministro de Cultura, Ramiro Noriega; el Director del Consejo Nacional de Cine del Ecuador, Jorge Luis Serrano; el director del Centro Juvenil Virgilio Guerrero, padre Antonio López; cerca de un centenar de jóvenes de los centros de adolescentes e invitados de las instituciones.

El evento inició con la develación del busto de Virgilio Guerrero, momento en el que el padre capuchino Antonio López resaltó el apoyo de las autoridades a los jóvenes que están en conflicto y que "merecen oportunidades, amor y justicia". Luego, todos los presentes se trasladaron al auditorio, donde se desarrollaron varias actividades en el marco de la firma del convenio.

Allí, el Ministro Mora se refirió al rol de los capuchinos como auténticos seguidores del compromiso cristiano, y destacó el significado de la Revolución Ciudadana al "romper las ofertas electorales con acciones, al respetar la palabra con el cumplimiento y jamás olvidarse de los sectores más frágiles. El pensar, el decir y el hacer son los ejes", manifestó.

El Ministro Jalkh puso énfasis en el trabajo que impulsa dicha Cartera de Estado en los diferentes centros de rehabilitación social al atender la infraestructura, lo educativo, el servicio de la defensa pública y lo cultural. Jorge Luis Serrano recordó que el Gobierno Nacional no solo ha impulsado el desarrollo profesional del audiovisual, sino también ha facilitado el acceso a las poblaciones que no lo han hecho antes.

El padre Alberto Gómez, subdirector del Virgilio Guerrero, auguró el éxito del proyecto piloto que se replicará y ampliará a otros centros de rehabilitación social del país en el año 2009. Luego de la firma del convenio, uno de los jóvenes pidió a los presentes que no los miren con rabia o lástima por estar allí, sino con voluntad de apoyo. Al finalizar agradeció porque se crean nuevas propuestas para los jóvenes. Acto seguido se presentó un promocional de las películas de la muestra y el evento concluyó con una representación escénica creada por los adolescentes del Centro Juvenil."

Argentina.
"El supervisor de la DGE que habló de "niños-mula" fue citado por la Justicia"
A través de una conferencia de prensa, el subsecretario de Educación José Rivas y la Licenciada Eugenia Carbonari, de la Dirección de Orientación Psicopedagógica, salieron al cruce tras las declaraciones del inspector Daniel Nuarte, respecto del fenómeno de niños “mulita” (transportador de drogas) en las escuelas mendocinas. Los dichos se dieron el viernes pasado, en la primera ronda de la Mesa de Dialogo de la Educación, cuando medios locales lo entrevistaron a la salida de su exposición sobre temas educativos.

Luego de que la Dirección General de Escuelas dijera que emitiría un comunicado oficial sobre el tema, fuentes de prensa del área informaron de una conferencia de prensa a las 18 donde el subsecretario de educación José Rivas sobre explicó la “rectificación” de las declaraciones formuladas por el subinspector y supervisor de nivel primario Daniel Nuarte, que se habrían producido por una confusión de términos del docente.

Rivas dijo que Nuarte hoy al mediodía en su descargo, presentado en forma escrita, manifestó que se rectificaba del término “niño mulita”, porque no lo mencionó en la forma que se entiende comúnmente en el contexto social. El docente, dijeron, hacía alusión a tres casos, el de 2006 y de 2007 de consumo de marihuana por parte de menores, y en el último caso de 2008 sería la situación de alumnos adictos a las drogas que los encontró consumiendo en las inmediaciones de una escuela.

“La inexperiencia absoluta frente a los medios de comunicación, y que (Nuarte) quería significar que parte de la complejidad social son las adicciones”, reconoció Rivas esta tarde, así como reconoció que el término mulita se asocia a tráfico pero que el docente se defendió aduciendo que se había “malexpresado”.

Por la magnitud de las declaraciones vertidas, el caso del inspector informaron será llevado a la junta de disciplina que regula la actividad de los supervisores, donde se analizará si se le realiza o no un sumario. Por otra parte Nuarte debe comparecer ante la Justicia Federal mañana a las 9, luego de que Iris Lima fuera notificada por la Fiscalía Federal Nº 1 para acercar todos los antecedentes relacionados con el caso.

Los pasos en caso de menores con consumo de drogas

Eugenia Carbonari, por su parte informó sobre los pasos que se siguen en caso de detectarse un menor con riesgo de consumo de drogas. Los tres pasos a seguir, dijo, son “primero llamar a fono-droga, segundo a la dirección Provincial de Adicciones y por último, si existen problemas de violencia al teléfono102”.

Mientras tanto la profesional explicó que “los centros infanto-juveniles son los que más trabajan estos temas en forma coordinada con los centros provinciales de prevención de adicciones con profesionales capacitados dentro de los municipios” y dijo que "la escuela es una caja de resonancia de la crisis social". También habló de la necesidad de refundar la familia, porque "cuesta atraer a los padres a la escuela y los "baches"generan adhesión a falsos proyectos como el consumo de drogas".

El baldazo de agua fría que significó para la opinión pública que Daniel Nuarte manifestara que hay niños que son usados para introducir droga en las escuelas, fue rectificado hoy al mediodía por el propio Nuarte y luego por las autoridades de la DGE, sin embargo queda la duda respecto de la existencia de estadísticas que den una noción de esta problemática a nivel provincial.

Al ser consultado nuevamente por medios locales, el funcionario de Jaque manifestó “no soy político”, en su propia defensa por el revuelo que generaron sus dichos. Iris Lima, responsable política del área, por su parte todavía no se ha manifestado sobre el tema, y esta tarde fue la primera oportunidad en que la DGE informó oficialmente a los medios de comunicación."

Radio Cooperativa: Ultimas entrevistas de Juan Bustos: Habla sobre Instituto de Derechos Humanos

Radio Cooperativa, una de la buenas cosas de Chile, ha rearmado su página web, y dentro de los cambios, hay una sección de archivo de audios, donde han colgado las últimas entrevistas de Juan Bustos. Además, han tenido la gentileza -que no la tienen los otros cyber medios criollos- de permitir que uno las ubique en su propios sitios, siempre, por cierto, respetando la fuente.

Acá Juan habla sobre el Instituto de Derecho Humanos y el debate en sectores de la concertación.

martes, 19 de agosto de 2008

Taller sobre Diagnóstico e Intervención en Libertad Asistida

La Corporación PROMESI realiza cada cierto tiempo Jornadas de Capacitación para su personal. PROMESI tiene una amplia experiencia de trabajo en libertad asistida y hoy tiene a su cargo los progarmas de medidas cautelares ambulatorias, libertad asistida y libertad asistida especial de la zona oriente de Santiago y Colina.

En esta oportunidad uno de los temas tratados fue el Diagnóstico y la intervención en el marco de la Libertad Asistida. Es un valioso intento de hacer operativas las orientaciones técnicas del SENAME y darle algún sentido a la obesión por la metodología módular que tiene ese cuerpo técnico que, como todos reclaman, ciertamente adolece de vaguedad y escasa claridad metodológica.
Sería interesante conocer cuándo piensa SENAME hacer públicas las orientaciones técnicas 2008, habida cuenta que ya estamos en agosto y que el Reglamento establece expresamente esa obligación de la dirección nacional.
En fin, otra cosa es con guitarra, y la experiencia de trabajo de las psicólogas Emilia Corvillón Grez y Andrea Millán Hernández hace interesante este esquema de trabajo, que, por cierto, debe haber sido enriquecido en su presentación oral. En un ámbito donde hay tan poco escrito es claramente un aporte al debate y la difusión de conocimiento.



lunes, 18 de agosto de 2008

2º Encuentro de instituciones colaboradoras del programa de servicio en beneficio de la comunidad, Concepción y Los Angeles






Como informa el blog Cable a tierra, del Programa de RD Y SBC de CODENI, los dias 22 y 29 de Julio en Concepcion y Los Angeles respectivamente se realizo el 2º Encuentro de Instituciones Colaboradoras del Programa de Servicio en Beneficio de la Comunidad, a continuacion algunas fotos de la ocasión.

Este blog muestra un permanente esfuerzo por actualizar sus actividades y permite seguirle, a la distancia, el pulso al trabajo de los equipos CODENI de la VIII y IX región. Quiero destacar especialmente las reuniones de coordinación, con jueces de garantía, con equipos CONACE, con colegas de su institución.

sábado, 16 de agosto de 2008

Paraguay: Elección de Nueva Ministra de la Niñez, Reconocimiento de los Movimientos Sociales

La dirigente de la Asociación de Víctimas del Ycuá Bolaños, integrante de la organización Callescuela y trabajadora social Liz Torres será la nueva Ministra de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) del gobierno del presidente Fernando Lugo. El nombramiento cuenta con el apoyo de varias organizaciones y movimientos sociales que trabajan en el sector, como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), que manifestó su apoyo a la decisión del próximo mandatario: “(...) la compañera Liz Torres reúne el perfil técnico y de experiencia en el sector, de 20 años, requerimiento fundamental para este cargo. Permitirá avanzar y profundizar en la instalación del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia”, subrayó la institución. “Todo lo planteo como un gran desafío y este es un reto muy grande, no diría que estoy orgullosa, me parece un compromiso que llevé siempre”, apuntó Torres. La organización donde trabaja hace 17 años, Callescuela, se caracteriza por respetar la calidad de trabajadores de los niños en la calle, realizando trabajos de seguimiento y organización de los chicos, para que no sean explotados, reciban la educación adecuada y el cariño que se merecen. También lucha por erradicar la drogadicción en niños, entre ellos los de la zona de la Terminal.
El Observatorio sobre Latinoamerica SELVAS sigue acompañando el proceso democratico del neo Presidente Lugo (http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=32732),quien será investido el 15 de agosto próximo. El Observatorio SELVAS presenta algunas declaraciones de organizaciones internacionales, de acuerdo a su trabajo de lobbyng e incidencia política en el puente entre Latinoamérica y Europa (http://www.vivaparaguay.com/modules/news/print.php?storyid=84580 ).

Rosa Maria Ortiz - Comité de Naciones Unidas para los derechos del Niño (Ginebra) destaca que “el nombramiento de la Lic. Liz Torres, significa un paso muy positivo para los niños/as y adolescentes del Paraguay y refleja una intención del presidente electo Fernando Lugo de apostar a los derechos humanos. Organizaciones de niños y niñas, adolescentes trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil habían solicitado este nombramiento, así como políticas públicas para este sector mucho tiempo postergado. Liz Torres es una luchadora incansable, ha acompañado por 17 años a niños trabajadores y a aquellos que viven en las calles, también ha liderado los reclamos al estado de centenares de victimas que, como ella y su esposo, han padecido del pavoroso incendio en un supermercado hace unos años”.
Gerardo Sauri, Director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, miembro del Consejo de ONG sobre la Violencia contra los Niños del Secretario General de la ONU declara a SELVAS que en “estos días estoy compartiendo una reunión con ONG que trabajan en la promoción de los derechos de la infancia y no he podido estar ajeno a la alegría que ha provocado la nominación de Liz Torres como ministra de la Niñez y la Adolescencia, incluso primero ante la angustia de que otra persona sin un perfil poco cercano al enfoque de derechos de la infancia pudiera haber sido nominada, como se llegó a filtrar en medios de comunicación. Finalmente el nombramiento de Liz Torres es resultado de la lucha de las organizaciones en favor de los derechos de la infancia, quienes la identifican plenamente como uno de sus miembros más activos, en efecto Liz es socióloga y su organización de pertenencia es Callescuela, ha sido una de las primeras educadoras e impulsoras del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Paraguay. Su candidatura y designación se ha basado en su alto perfil técnico con una experiencia de más de 20 años en el trabajo en las temáticas de la niñez y la adolescencia y en particular con niñez trabajadora y en situación de calle. Dentro de esa experiencia se incluye su participación en el diseño del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, la gestión de proyectos sociales y la coordinación y participación en diversas redes de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes tanto nacionales como regionales. Su postulación ha sido apoyada por el Frente Popular que aglutina a los movimientos sociales de Paraguay y por el sector niñez de Paraguay conformado por: la Plataforma de niños, niñas y adolescentes, la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, CONNATS y por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CDIA, coalición de 26 organizaciones. Es sobreviviente de la tragedia del supermercado Ykuá Bolaños ocurrida en el año 2004 y a partir de este hecho ha liderado la coordinación de la asociación de familiares, victimas y sobrevivientes y las distintas acciones de reivindicación de justicia. También es un nombramiento de alto simbolismo para los Movimientos de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, dado que han sido poco considerados como actores relevantes por parte de innumerables gobiernos de la región de América Latina y por los mismos organismos intergubernamentales relacionados con la infancia”.

domingo, 10 de agosto de 2008

Jean Pierre Matus sobre Juan Bustos

Jean Pierre Matus, destacado profesor de derecho penal, envió por mail estas cálidas palabras sobre su relación con Juan:

"Con profundo pesar debo informar a todos Uds. que, justo en momentos que se terminaba de editar el nº5, 2008. de nuestra Revista, el Prof. Dr. Juan Bustos Ramírez, miembro de nuestro Comité Editorial, ha fallecido.


Hace casi ya 20 años conocí a Juan Bustos cuando organizaba un Seminario de Derecho Penal en la Universidad Católica de Chile. Don Juan, quien ostentaba en esa fecha una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona y estaba preparando su regreso a Chile después de casi dos décadas de exilio, aceptó gustoso la invitación que un par de estudiantes le hicimos, nos permitió usar su nombre como "gancho" para entusiasmar a otros panelistas y participó activamente en las discusiones y demás actividades que se organizaron. Desde ese momento, nos apoyó en nuestra formación académica sin ningún otro interés que el de ayudarnos. Facilitó mi ingreso a los Estudios de Doctorado en la Universidad donde era Catedrático, me contactó con el Prof. Tiedemann en Friburgo para hacer la "obligada" estadía en Alemania a visitar sus bibliotecas, y hasta nos permitió arrendar su departamento en Barcelona los primeros años de nuestra vida en el extranjero. Luego, con su instalación definitiva en Chile y su ingreso a la vida política, nuestros contactos se hicieron cada vez más esporádicos. Pero siempre que fue necesario, se dió el tiempo de participar en las actividades académicas a que lo invitábamos y siguió dándome su apoyo personal, al punto que, como ex-becario de la Fundación Alexander von Humboldt y, a pesar de sus múltiples obligaciones como Diputado, escribió para mí el correspondiente dictamen que me permitió volver a Alemania hasta hace menos de un mes.


Allí pude comprobar nuevamente que su valía como penalista lo situaba entre los más, sino el más, importante dogmático chileno de la actualidad, a pesar de los ya largos años transcurridos desde su defintiva instalación en Chile y su ingreso al Parlamento, lo que necesariamente redujo el tiempo que disponía para escribir textos científicos. Sin embargo, permanece en la memoria de los cultores de la disciplina su internacionalmente reconocida traducción del "Derecho Penal Alemán" de Hans Welzel -en colaboración con otro recientemente desaparecido profesor, don Sergio Yáñez-, que hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo; su "Derecho Penal Chileno, Parte Especial", escrito en colaboración con Sergio Politoff y Francisco Grisolía a principios de los años 1970; sus numerosos artículos sobre la materia, escritos en los años de exilio en Europa y aparecidos en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales y en las más prestigiosas revistas españolas y latinoamericanas; su propio "Manual de Derecho Penal", con un tomo dedicado a la Parte Especial y otro la la General, escrito en España y sobre el derecho penal español, que llegó a tener varias ediciones y que hoy en día es continuado por otro chileno a quien don Juan formó y ayudó generosamente en su carrera académica, Hernán Hormazábal M., hoy Catedrático en Girona (España). Pero su actividad formadora como Catedrático no se limitaba a apoyar a los chilenos que se lo solicitaban, como Mª Inés Horvitz y Héctor Hernández, entre los que conozco personalmente y hoy destacan en la actividad nacional; sino también a otros colegas latinoamericanos, como Julio Mazuelos del Perú; Alejandro Slokar, de Argentina; Odone Sanguine, de Brasil, por nombrar únicamente a quienes compartieron conmigo en Barcelona; y a destacados profesores españoles, como Celia Suay, José Cid y la recientemente habilitada Catedrática Elena Larrauri.


Don Juan nos mostró a todos con su rigor científico, sus extraordinarias publicaciones y su capacidad para aprender y desarrollar ideas originales, cuál era el verdadero camino de la vida académica. Y aunque estemos muy distantes de las metas que él alcanzó, muchos le debemos el habernos inciado en este camino, y todos, el orgullo que se siente cuando se escucha hablar entre los principales penalistas del mundo sobre las ideas de un compatriota, que ya no son parte del "derecho penal chileno", sino patrimonio de la ciencia penal internacional."

sábado, 9 de agosto de 2008

Año Nuevo Mapuche en CPL de Chol-Chol


El miércoles 25 de Junio se realizó la celebración del we xipantu o año nuevo mapuche, para el cual los jóvenes recibieron a los invitados y participaron de la ceremonia, así utilizaron vestimentas tradicionales, bailaron purrun y siguieron la rogativa de la Machi. Para finalizar, invitados y participantes disfrutaron de la comida mapuche, con sopaipillas y tortillas de rescoldo.

Carolina Galindo, Directora del programa relata que fue muy conmovedor para el equipo “ver a los jóvenes superando las barreras de la vergüenza y el temor para expresar con fuerza su identidad y prepararse para la celebración del año nuevo mapuche. Nos emocionó ver una expresión clara del impacto que pueden tener nuestras intervenciones a pesar de lo adverso del espacio en que trabajamos” dijo.

jueves, 7 de agosto de 2008

Juan Bustos (1935-2008), padre de lo mejor de la justicia penal adolescente


Hace unos 5 años, Gonzalo Berríos y Germán Echeverria entrevistaron a Juan Bustos para el Boletín Jurídico del Ministerio de Justicia.
Juan, entre todas las vidas que vivió, fue un destacado experto internacional en justicia penal juvenil y participó muy activamente en la tramitación de la actual ley de responsabilidad penal adolescente, buscando siempre que los principios de un sistema especializado no se perdieran entre las obsesiones mediáticas por la seguridad ciudadana.
Juan, por cierto, es el autor del principal texto sobre la nueva ley y estuvo siempre disponible para seminarios, charlas y visitas sobre responsabilidad penal adolescente.
Fue uno de los promotores y redactores del requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la indicación de los senadores Larraín y Gómez que, introducida en la Ley N° 20.191, prosiguió desdibujando torpemente la ley de responsabilidad penal adolescente.
Dejo esta entrevista como un pequeño homenaje en el día de su viaje definitivo en agradecimiento por las lecciones que me entregó.


"Doctor en Derecho Penal por las Universidades Complutense de Madrid y Bonn de Alemania; es uno de los intelectuales más respetados en la materia, y debido a que se ha dedicado a reflexionar en torno de la responsabilidad que es posible exigir a un adolescente cuando comete un hecho típico y antijurídico, el Diputado y profesor Juan Bustos debe ser una de las personas con más autoridad en nuestro país para opinar sobre este tema.

A su completa formación y destacado desempeño académico, agrega desde 1997 la condición de Diputado de la República, calidad en la que le ha correspondido presidir las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.

En su opinión, durante la tramitación legislativa del proyecto de ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, se desatará en el Congreso una contienda protagonizada por los sectores más tutelares, que se opondrán a todo tipo de sanción para los menores de edad, y los grupos retribucionistas, quienes pedirán extender las penas que recaen sobre los adultos a los mayores de 14 años.

- Tal vez a la larga sería bueno que se diera esa pugna, porque facilitaría la aprobación de una ley equilibrada y justa", reflexiona.
De acuerdo al debate público actual, pareciera que la delincuencia juvenil está desbordada, aunque los estudios demuestran que los menores de edad proporcionalmente cometen menos delitos y con menor violencia que los adultos.

- Creo que por sus características, y debido a su etapa de desarrollo, los delitos que los niños pueden cometer nunca tendrán la violencia, agresividad y fuerza exhibidas en los delitos cometidos por los adultos.

El ámbito social, la forma en que se mueve el niño y su gama de comportamientos son totalmente distintos a los exhibidos por los adultos y, por lo tanto, sus agresiones también son diferentes.

En ese sentido, no creo que la denominada delincuencia juvenil esté desbordada. El aspecto de la conducta de los menores que se percibe más claramente es que ellos suelen explorar los límites de las normas, constatando hasta dónde llegan. Por eso es que se observa cómo jóvenes de todas las clases sociales cometen hurtos, prueban drogas o se emborrachan, pero son conductas que después tienden a desaparecer.

Sin embargo, al abordar el tema, los medios de comunicación hacen parecer que enfrentamos una "inflación" de la denominada delincuencia juvenil.

- Eso es propio de la agenda de los medios, que suelen reiterar una situación. Cuando salió a la luz el tema de la pedofilia, por ejemplo, parecía que la pederastía era generalizada. Un mismo hecho se agranda enormemente y no se contrasta con una realidad donde la comisión de delitos está lejos de ser la norma general.

¿Cómo afecta la agenda de los medios de comunicación al quehacer legislativo?

- El tratamiento de estos temas por los medios de comunicación afecta mucho, porque la presentación de las noticias dispara la inseguridad subjetiva en las personas. Eso se coordina con la preocupación por los votos de los ciudadanos, porque muchos legisladores dicen "estoy de acuerdo con la iniciativa, pero tengo que pensar en la opinión de mis electores".

Hasta ahora no ha sido posible que los medios de comunicación hagan suya la idea de una justicia especial para los adolescentes, porque en el tratamiento informativo del tema insisten en la rebaja de la edad penal.

- Efectivamente los medios no han llegado a acoger esa idea, a lo que contribuyen legisladores como los senadores Sergio Fernández, Evelyn Mathei y Jovino Novoa, a quienes basta escuchar para comprender que la rebaja de la edad penal es una posición instalada en un sector de la opinión pública. Lamentablemente eso nos deja con una imagen desmejorada ante la comunidad internacional, porque es una postura contradictoria con la Convención de los Derechos del Niño, que ya fue ratificada y es ley en el Chile actual.

En el otro extremo, ¿es posible que ciertos sectores planteen la idea de la irresponsabilidad de los menores frente al derecho penal y centren la discusión en sus derechos?

- Reconocer derechos a los niños significa necesariamente reconocerles responsabilidad y su condición de sujetos de Derecho. Creo que la discusión mayor será entre los que quieren las penas del infierno para los adolescentes y que, de paso, ya presionaron para que se aumentara el catálogo de los delitos susceptibles de serles reprochados, y quienes reclamarán que a los adolescentes sólo es posible imponerles una justicia restaurativa, o derechamente abolir el derecho penal para ellos, lo cual tampoco es viable. Sabemos que ese tipo de iniciativas, con el pretexto de proteger a los niños, promueven la privación de libertad y el internamiento de infractores junto a quienes no lo son.

¿Está latente el riesgo de que en virtud de fines nobles, algunos incluso de carácter terapéutico, se terminen afectando derechos de los niños?

- Siempre se corre el riesgo de ser objeto de las actuaciones de los llamados "salvadores del niño", quienes en la práctica lo liquidan, imponiéndole medidas que implican restricción de todos sus derechos. Legislativamente y en el debate público vamos a estar cruzados en este doble juego entre los Salvadores del Niño y los Retribucionistas, lo que, como ya dije, tal vez termine siendo bueno.

¿Esos serán los extremos que presionarán al Congreso y que definirán los límites del tránsito legislativo del proyecto de responsabilidad adolescente?

- Claro que sí. El tema es que mientras los retribucionistas van a pedir las penas del infierno, en sus contendores está latente la idea de la incapacidad. Ahí reside el riesgo de esa visión que, por lo demás, está muy arraigada en algunos jueces de menores que se sienten los protectores de los niños.

Justicia Especial Para Adolescentes
¿Sobre qué fundamentos político-criminales descansa la idea de un derecho penal para adolescentes?

- Fundamento básico es la idea de la responsabilidad y autonomía de la persona. Todas las personas, incluidos los niños, son sujetos de derecho, de manera que ellos gozan de la titularidad de todos los derechos fundamentales establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política del Estado y las leyes. Esto lleva consigo el planteamiento de la responsabilidad. No es posible concebir a una persona sin ella , aunque sea de un modo condicionado o acotado a una cierta gradualidad. Todo sujeto es responsable dentro de los ámbitos en que se desenvuelve; así, un niño es responsable de sus actuaciones en el colegio, por ejemplo. Detrás de esto subyace el tema de la capacidad de respuesta y la posibilidad de exigir a la persona, o al niño, en su caso, determinadas respuestas. Todo ello bajo el entendido de aceptar que el sujeto ejerce al respecto una cierta autonomía y tiene distintas opciones para responder. En la medida que se aseguran esas condiciones, podemos exigir determinadas respuestas del sujeto, especialmente con relación al respeto de ciertas normas como, por ejemplo, las valorativas y de conducta. En esa perspectiva, desde el punto de vista penal se puede postular la posibilidad de exigir ciertas respuestas, aún tratándose de personas menores de edad. Sería el caso de los adolescentes entre 14 y 18 años, quienes ya completaron la educación básica y normalmente cursan primero o segundo medio. Ellos han adquirido ciertos conceptos valorativos del sistema social, no sólo en virtud de la formación académica recibida, sino también a través de la convivencia familiar y la exposición a los medios de comunicación, por lo cual es razonable suponer que han absorbido ciertas valoraciones y, por lo mismo, es posible plantearles determinadas exigencias.

¿Capacidad y responsabilidad son ignoradas por la actual respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes?

- Se considera a los niños y adolescentes como a seres incapaces, idea recogida por la actual Ley de Menores, que plantea la tutoría del Estado sobre ellos. Se instala así la pretensión de ofrecerles bienestar, pero con prescindencia de su propia opinión, porque en esto prevalecen las consideraciones de beneficencia del Estado. Como la beneficencia por definición es siempre favorable, la imposición de medidas de protección no requiere de juicio previo ni de la intervención de abogado defensor, porque se estima que al niño se le está haciendo un bien y cuando el Estado efectúa un favor, no se le pueden plantear condiciones ni exigencias de ningún tipo.

¿Es también un favor aplicar a los adolescentes el trámite del discernimiento?

- Dicho trámite no tiene sentido, porque el discernimiento es una variable sumamente vaga. Puede ocurrir que tanto un muchacho como un adulto carezcan de él. En estricto rigor es un término psicológico ajeno a la relación entre el Sujeto de Derecho y el Estado, cuestión esta última que es fundamental para el Derecho Penal. Además, desde una perspectiva puramente psicológica, estamos hablando de un concepto añejo, vacío y sin contenido preciso.

¿Como prevé la discusión sobre el límite de edad inferior a partir del cual es posible exigir a los adolescentes responsabilidad por los delitos que puedan cometer?

- Creo que es el tema que más se va discutir. A mí me parece que ese límite tiene que coincidir con el término de la educación básica. Por eso, en algunos países esa edad es de 13 años y en otros de 14 años, ya que se trata de una responsabilidad asociada al deber de educación y de inserción del sujeto en la vida social. La persona, en este caso el adolescente, tiene que haber tenido la oportunidad de internalizar los valores esenciales del sistema social.

¿El límite inferior de edad es impuesto con criterio psicológico o más bien de naturaleza normativa?

- El criterio debiera ser integral porque el niño es una integridad. Cuando alguien finaliza su educación básica, desde el punto de vista psicológico estamos en presencia de una persona que ha absorbido una cantidad de conocimientos, destrezas, aptitudes y otro tipo de capacidades de las que carece a edad más temprana. Pero no es el tema psicológico lo que interesa, sino que lo que realmente importa es la relación entre el sujeto y el Estado. No es posible exigirle a alguien a quien no se han dado al menos los rudimentos básicos acerca de cómo se organiza la sociedad. Lo mínimo es enseñar y, por lo tanto, si se encontrara un niño que jamás fue a la escuela, no podría hacérsele esa exigencia.

¿La pregunta apuntaba a que los 14 años coinciden con la condición de menor adulto, en virtud de la cual el Derecho reconoce alguna autonomía para ejercer, por ejemplo, la administración del peculio profesional o contraer matrimonio?

- Hay una línea en el Derecho que, junto con reconocer mayores posibilidades para ejercer por sí los derechos, permite imponer como necesario correlato determinadas exigencias. Se trata de un tema netamente normativo, jurídico y, sobre todo, de la relación entre el Sujeto de Derecho y el Estado. Ese es el tema que interesa al derecho Penal y que se refiere a la relación que debe existir entre mi persona, los otros y el Estado.

En la lógica de una justicia especial para adolescentes que han infringido la ley penal, ¿está de acuerdo con limitar o acortar el término de la investigación y concentrar el procedimiento para decidir rápidamente el conflicto?

- Tiene que haber un procedimiento muy abreviado y una investigación muy rápida. Mi idea era que no todos los delitos del Código Penal y de las leyes especiales pudieran ser planteados respecto de un adolescente, porque él todavía no ha tenido la posibilidad de absorber todo lo que el sistema social envuelve. Hay una serie de delitos que no tiene sentido planteárselos a un menor, como cuando aparece involucrado en hechos vinculados, por ejemplo, a la ley de valores, quiebra fraudulenta o delitos contra la fe pública.

Siempre en la idea de una justicia especial para adolescentes, ¿es sensato esperar que el derecho de la víctima a forzar la persecución penal ceda o se sacrifique frente al interés superior del niño?

- En ese tipo de casos puede entrar en conflicto el interés superior del niño o, más bien, los derechos del niño con otros derechos y, en ese sentido, creo que prevalecen o predominan las garantías consagradas a favor de las personas menores de edad. La preeminencia del derecho del niño a la salud y a su futuro desarrollo como persona, debe estar por encima de un derecho de inferior jerarquía como querellarse o ejercer la acción penal.

¿Qué otras particularidades caracterizan a una justicia especial para adolescentes?

- Me parece que el tema de la ejecución de las sanciones es sumamente importante, porque se deben respetar y no afectar todos los otros derechos del niño, como el que le asegura su acceso a la educación y a mantener contacto con su familia. Esto implica que llegado el momento de aplicar, por ejemplo, una pena privativa de libertad, debería buscarse una fórmula para hacer efectivo el derecho a la educación y para garantizar el contacto con la familia, de manera que los padres puedan ver a su hijo todas las tardes si así lo quisieran.

Adolescentes y Adultos

¿A propósito de la exigibilidad que es posible imponer a niños y adolescentes, la respuesta del Estado frente al delito tiene que ser igual o diferente a la de los adultos?

- Tiene que ser diferente, porque hasta cierta edad existe un deber del Estado en orden a brindar formación, educación y protección a los niños. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño esto se expresa a través del interés superior del niño, lo que significa que la reacción frente al delito tiene que adecuarse a sus necesidades, las que, por supuesto, son distintas a las de un adulto. Esas diferencias, como también las particulares necesidades de la infancia, deben ser consideradas por el Estado, quien tiene la obligación de responder de acuerdo a esas condiciones especiales.

Entonces ¿debiera limitarse la pena privativa de libertad en el caso de los adolescentes, debido a sus devastadores efectos en el desarrollo de la personalidad del niño, como también producto de sus efectos criminógenos?

- Lo ideal sería no establecer penas privativas de libertad para los niños y adolescentes, por todos los efectos que sabemos que ellas producen sobre las personas en proceso de formación. Ahora, bien, nuestra imaginación y el Estado moderno no tienen la capacidad de prescindir de las penas privativas de libertad, pero su aplicación tendría que ser excepcionalísima.

¿Qué le parece la moción parlamentaria que propone para los adolescentes penas de hasta 15 años de privación de libertad?

- Es un horror. Significa destrozar el concepto acerca de lo que significa ser niño, olvidar lo que señala la Convención de los Derechos del Niño, como también las especiales necesidades de las personas en proceso de formación. Significa terminar con las posibilidades de reinserción social de los adolescentes y, en estricto rigor, la pretensión del Derecho Penal es que la persona no vuelva a cometer delitos. Esta propuesta contradice ese principio, porque equivale a destrozar la vida de una persona a muy temprana edad.

Cuando aparecen niños de muy corta edad involucrados en hechos que revisten caracteres de delito, ¿no debiera descartarse que hayan sido utilizados como meros instrumentos de su comisión antes de formular reproche a su conducta?

- Muchos niños que aparecen involucrados en infracciones a la ley son utilizados como un instrumento por otra persona que actúa como autor mediato del delito y, en esos casos, los menores debieran quedar excluidos de toda posibilidad de sanción."